El grupo popular quiere prorrogar hasta 2020 aquellos usos privados, que como la caza, se puedan llevar a cabo en fincas particulares situadas en el interior de los Parques Nacionales, de acuerdo con la enmienda 278 presentada por este partido en el Senado.

La enmienda calificada como «enmienda Cospedal» o «bomba parlamentaria» por algunos grupos de la oposición, ha sido incorporada al dictamen del proyecto de ley de parques nacionales, aprobado hoy en solitario por el PP en el seno de la Comisión de Medio Ambiente.

Al texto, que está previsto será votado en sesión plenaria la semana que viene, se han presentado más de 270 enmiendas así como siete vetos por parte de IU, ERC, Entesa, grupo socialista, CIU, PSC, y Foro Asturias, cuyos portavoces han considerado que la futura norma «invade competencias», «desprotege» la naturaleza y «consagra privilegios de privados».

Responsables de WWF y SEO/BirdLife, que han seguido el debate en el Senado, han declarado su rechazo a la ley y han considerado que la nueva redacción de la polémica enmienda plantea una «mejora insuficiente» y no enfoca el problema principal que la ha generado, que no es otra, han dicho, que la caza en el parque de Cabañeros.

La actual ley socialista, que el Gobierno quiere reformar ahora con este proyecto, fijaba como fecha límite el año 2017 para los usos privados (caza, pesca..) que llevan o llevaban a cabo los particulares con propiedades dentro de los parques.

En defensa del texto, la senadora Juan Francis Pons ha negado que se rebaje el nivel de protección y ha argumentado que uno de los principales objetivos es lograr una mayor coordinación entre las administraciones.

Durante el debate, Enrique Iglesias (IU) ha afirmado que el proyecto degrada y devalúa estos espacios y busca una doble rentabilidad: la de los propios parques y la que puedan obtener propietarios privados de términos comprendidos en estos espacios.

Para Joan Saura (Entesa), quien ha calificado la enmienda 278 de «bomba parlamentaria», la futura norma desprotege y «lamina» competencias y «posiblemente» responde a presiones de intereses económicos.

El «inadecuado» nivel de protección y el tema competencial también ha sido esgrimido por Pere Maluquer, de CIU, en su rechazo a esta ley, sobre la que el PSOE ha afirmado su oposición «frontal».

Su portavoz, Miguel Fidalgo, ha sostenido que se trata de un texto innecesario que «busca el uso privado» de lo que debe ser interés publico, y que añade una «enmienda Cospedal» para permitir «usos prohibidos en estos espacios sagrados».

Los responsables de WWF y SEO/BirdLife, Juan Carlos del Olmo y Asunción Ruiz, han declarado a los medios en los pasillos de la Cámara Alta que el texto que propone el PP abre muchas excepciones para estos «santuarios» que deben gozar de la máxima protección y por lo tanto desde este punto de vista la ley es «inaceptable». EFE